Juez admite acción de tutela para garantizar derechos en concurso público de méritos

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Ipiales suspendió la prueba escrita del Concurso Público de Méritos prevista para el 15 de junio, tras admitir una acción de tutela presentada por un representante sindical.

Ipiales, Nariño – 11 de junio de 2025

El desarrollo del Concurso Público de Méritos Territorial 10, programado para este domingo en el municipio de Ipiales, fue suspendido temporalmente por orden judicial, luego de que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito admitiera una acción de tutela que cuestiona presuntas irregularidades en el proceso.

La acción fue interpuesta por Ángel Armando Rodríguez, presidente del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado (SUNET), Subdirectiva Ipiales, en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, entidad encargada de aplicar la evaluación. El demandante argumenta que se han vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a cargos públicos de los aspirantes inscritos en el concurso.

En consecuencia, el juez William Eligio Mejía ordenó una medida provisional consistente en la suspensión inmediata de la guía de orientación para las pruebas escritas. Según lo indicado en el fallo, dicha guía fue publicada con escasa antelación y sin los elementos necesarios para una preparación adecuada, situación que, a juicio del juzgado, pone en desventaja a los participantes.

El juzgado también vinculó a otras entidades al proceso, entre ellas la Alcaldía de Ipiales, la Procuraduría Provincial, la Personería Municipal y la Defensoría del Pueblo, las cuales podrán ejercer su derecho a la defensa en los plazos establecidos. La Comisión Nacional del Servicio Civil deberá responder a los requerimientos judiciales en un término máximo de 48 horas, mientras que las demás entidades cuentan con dos días para pronunciarse.

La decisión judicial se enmarca en la necesidad de garantizar condiciones equitativas en el proceso de selección y proteger los derechos constitucionales de quienes aspiran a cargos en la administración pública.

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