Escrito por El expresidente pidió al registrador aplicar la excepción de inconstitucionalidad y frenar la ejecución del decreto firmado por Gustavo Petro.
El expresidente César Gaviria lanzó una dura crítica al decreto 0639 emitido por el presidente Gustavo Petro, con el cual se convoca a una consulta popular sobre la reforma laboral, calificándolo como un “grotesco atropello a la Constitución” y una muestra de “autoritarismo desenfrenado”.
Gaviria sostuvo que el decreto desconoce abiertamente el artículo 104 de la Constitución Política, que exige el concepto previo y favorable del Senado de la República para que el presidente convoque una consulta popular. El exmandatario subrayó que ese concepto fue claramente desfavorable, recordando que el Senado rechazó la solicitud con 49 votos en contra el pasado 14 de mayo.
“El gobierno ha pretendido suspender la aplicación de la Constitución, usurpar funciones judiciales y atropellar al Senado”, afirmó Gaviria en una carta pública. En ella acusa directamente al presidente Petro y a sus ministros de “desconocer las reglas básicas de cualquier democracia” y de actuar con “descarado desdén por la separación de poderes”.
Gaviria argumentó que el decreto “no hace siquiera el intento de demostrar que cuenta con el aval del Senado, tal como lo exige el artículo 104”, y agregó que el Ejecutivo pretende desconocer la votación negativa de la cámara alta bajo el argumento de presuntas irregularidades en el trámite legislativo, lo cual, a su juicio, corresponde dirimir exclusivamente a la justicia.
En una declaración contundente, el exmandatario pidió al registrador nacional del Estado Civil que aplique la excepción de inconstitucionalidad y se abstenga de ejecutar el decreto. “Solicito al registrador que actúe con urgencia para evitar que se consume esta arbitrariedad y se dé tiempo a la justicia de pronunciarse”, expresó.
El pronunciamiento de Gaviria se suma a las reacciones de otros sectores políticos y jurídicos que han advertido sobre las posibles implicaciones constitucionales del decreto firmado por el presidente Petro. La controversia crece mientras el país espera que la Corte Constitucional revise la validez del acto ejecutivo que ha polarizado el escenario político nacional.