Escrito por Investigación contra director de la Unidad de Protección
Augusto Rodríguez es señalado por presuntas omisiones en el esquema de protección del senador y precandidato presidencial. La denuncia también fue presentada ante la Fiscalía por la familia de la víctima.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por presuntas omisiones en las medidas de seguridad del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado sicarial el pasado sábado en Bogotá.
Según informó el ente de control, dirigido por Gregorio Eljach, la decisión responde a denuncias que advertían desde 2023 la necesidad de fortalecer los esquemas de protección para miembros del Centro Democrático, partido al que pertenece Uribe.
La apertura de la investigación busca determinar qué acciones adoptó la UNP frente a esas alertas y cuál fue el nivel de respuesta ante las advertencias sobre el riesgo que enfrentaba el senador, quien hoy permanece hospitalizado en la Clínica Santa Fe, recuperándose de múltiples impactos de bala.
De manera paralela, la familia de Miguel Uribe interpuso una denuncia penal contra Rodríguez ante la Fiscalía General de la Nación. Así lo confirmó el abogado Víctor Mosquera, quien representa a los allegados del político. “En 2023, la UNP declaró que Uribe debía tener un esquema de seguridad extremo. Sin embargo, en 2024 no se consideró que desde octubre ya era candidato presidencial, lo cual obligaba a reforzar su protección. Desde el 5 de junio se sabía del riesgo y aun así las respuestas que recibía eran de copy-paste”, aseguró Mosquera.
La investigación disciplinaria pretende esclarecer si hubo negligencia por parte del funcionario, considerado uno de los más cercanos al presidente Gustavo Petro, en la asignación y supervisión del esquema de seguridad del precandidato. Las autoridades también evaluarán si esta posible omisión facilitó las condiciones para que se concretara el ataque armado.
El caso ha generado una fuerte controversia política y ha intensificado el debate sobre la eficacia de los mecanismos de protección del estado frente a amenazas contra líderes de oposición.