Escrito por La pistola usada en el ataque fue comprada en EE. UU. durante la pandemia y está siendo vinculada a otros crímenes. La Fiscalía investiga una red criminal que habría contratado al menor que disparó.
Las autoridades colombianas avanzan en la investigación del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien permanece en cuidados intensivos tras recibir varios impactos de bala en Bogotá. Las pistas más relevantes hasta ahora son la procedencia del arma usada y el testimonio del joven sicario que perpetró el ataque.
La pistola Glock 9 milímetros con la que se intentó asesinar a Uribe Turbay fue adquirida legalmente en AJI Port, una tienda de armas ubicada en Mesa, Arizona, el 6 de agosto de 2020. El comprador fue identificado como Charles Joe Anderson, según confirmó la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos. Las autoridades colombianas investigan cómo el arma ingresó al mercado ilegal y llegó a manos del menor implicado.
El joven capturado, quien acaba de cumplir 15 años, fue aprehendido en el lugar del ataque con el arma en su poder. Tiene cinco anotaciones en el Sistema Penal para Adolescentes entre 2020 y 2024 y había estado vinculado brevemente al programa ‘Jóvenes en Paz’, del cual se retiró voluntariamente. Según información de inteligencia, rechazó ofertas recientes del Idipron para integrarse a programas educativos y laborales.
La Fiscalía y la Policía trabajan para establecer si esta misma pistola ha sido usada en otros homicidios en Bogotá y el centro del país. También indagan quién contrató al adolescente, que enfrentará cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Para su protección, permanecerá bajo custodia del ente acusador y no será enviado a un centro del ICBF.
El análisis de más de 1.000 videos y 23 testimonios, junto con información digital incautada durante allanamientos en viviendas de familiares del joven en Engativá, es otra línea crucial de investigación. Allí se recuperaron dos celulares, un portátil y documentos que contienen más de 10 terabytes de información que están siendo examinados por peritos forenses.
Las autoridades sospechan que el atentado fue planeado por una organización criminal de alto impacto que tercerizó la ejecución del crimen. El general Carlos Fernando Triana, director de la Policía, y la fiscal general Luz Adriana Camargo, confirmaron que se analiza una posible conexión del hecho con otras estructuras ilegales, incluyendo bandas narcotraficantes y grupos armados organizados.
El gobierno ha manifestado preocupación por el incremento de amenazas a figuras políticas. Mientras tanto, siguen abiertas varias hipótesis, incluyendo la participación de grupos como el Eln, que si bien suelen usar explosivos, han contratado sicarios en otras regiones del país.