Escrito por Denuncian que el gobierno de Trump desplegó una red de tecnovigilancia sin control judicial ni garantías constitucionales, con el respaldo de empresas privadas. El sistema afecta especialmente a comunidades vulnerables.
Organizaciones de derechos humanos han encendido las alertas por una red de vigilancia masiva que opera en Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump, diseñada para monitorear a inmigrantes, estudiantes, comunidades empobrecidas y activistas. El sistema se basa en tecnologías avanzadas de inteligencia artificial y estaría funcionando sin supervisión judicial ni transparencia pública.
Según denuncias presentadas por entidades como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el aparato de tecnovigilancia constituye la mayor operación de espionaje interior en tiempos de paz en la historia del país. Se trataría de un ecosistema digital complejo, desarrollado con el apoyo del sector privado y centrado en la recolección, cruce y análisis masivo de datos personales mediante algoritmos.
El mecanismo incluye el rastreo de redes sociales, el análisis automatizado de publicaciones, la adquisición de datos a empresas privadas —como historiales de compras, ubicaciones o comportamientos sexuales— y el uso de herramientas de reconocimiento facial integradas en drones o lectores de placas. También se ha documentado la utilización de software espía para acceder a dispositivos móviles, además del cruce de información proveniente de bases de datos fiscales, médicas y de seguridad social.
El sistema es capaz, por ejemplo, de marcar como “sospechosa” a una persona que se manifieste en redes sociales en contra de la masacre en Gaza, lo que puede derivar en consecuencias administrativas como la denegación de la ciudadanía o restricciones migratorias.
Entre los más afectados se encuentran inmigrantes en proceso de regularización, jóvenes estudiantes de origen latino o musulmán, y personas racializadas. Los expertos advierten que este modelo representa un riesgo estructural para la democracia, ya que se basa en criterios opacos y sin rendición de cuentas.
“Lo más grave es que estas prácticas se están normalizando bajo el pretexto de la seguridad nacional, sin debate público ni control institucional”, señaló un vocero de la ACLU. A pesar de los cuestionamientos, el gobierno ha defendido el sistema como un modelo eficaz de prevención de amenazas internas, asegurando que actúa bajo criterios técnicos y no ideológicos. Sin embargo, no ha hecho públicos los parámetros de clasificación utilizados por los algoritmos.
La legalidad de estas prácticas está siendo cuestionada en tribunales federales y podría llegar hasta la Corte Suprema. Mientras tanto, activistas y juristas advierten que el uso desregulado de la inteligencia artificial por parte del Estado representa una amenaza directa a los derechos civiles y a las bases del Estado de derecho en Estados Unidos.