Consulta Popular por decreto: “La Corte decidirá”

En una alocución televisada, el presidente Gustavo Petro confirmó este martes 3 de junio que convocará por decreto una consulta popular para que la ciudadanía decida sobre la reforma laboral, luego de que el Senado archivara el proyecto el pasado 14 de mayo. La medida, inédita en la historia reciente del país, desató fuertes reacciones por su posible choque con la separación de poderes.

“Voy a decretar la consulta popular. La Corte Constitucional decidirá. ¿Por qué decreto la consulta? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado, hicieron trampa”, sostuvo el jefe de Estado, quien acusó al presidente del Senado, Efraín Cepeda, de irregularidades en el trámite legislativo.

Según Petro, el decreto será expedido esta misma semana y contendrá doce preguntas elaboradas por el gobierno, que ya tendrían el aval de expertos constitucionalistas, aunque sus nombres no han sido revelados. La fecha tentativa para la consulta sería entre finales de julio y comienzos de agosto.

El mandatario aseguró que la iniciativa responde al derecho del pueblo de pronunciarse sobre una reforma que busca combatir las “relaciones de neoesclavismo” entre empresarios y trabajadores. También afirmó: “El pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia. No hay ningún otro dueño”, subrayó.

El presidente acusó al Senado de cometer fraude durante el trámite del proyecto y afirmó que se impidió el voto de tres senadores y se alteró la voluntad de un opositor que inicialmente votó a favor. “Lo que hizo el senador Cepeda fue una vagabundería con el pueblo”, sentenció.

Desde el gobierno, el exfiscal y actual asesor jurídico Eduardo Montealegre defendió la medida, argumentando que el archivo del proyecto en el Congreso tiene vicios “insubsanables” que lo hacen inexistente. Por tanto, según su interpretación, el presidente tendría facultades para convocar la consulta directamente por decreto.

Efraín Cepeda calificó la iniciativa como una “ruptura de los poderes públicos” y advirtió que insistir en este camino sería equivalente a un “golpe de Estado”. Una postura compartida por el exsenador y negociador de paz Humberto de la Calle, quien alertó que “esa determinación solo corresponde al Consejo de Estado. Esto es un golpe de Estado, y no tan blando”.

La Corte Constitucional será ahora el árbitro central de un conflicto que pone a prueba los límites del poder ejecutivo frente al legislativo. Mientras tanto, el país se alista para un nuevo capítulo de polarización política, con la reforma laboral como bandera y el poder del voto como terreno de disputa.