Escrito por “Aunque parezca oscuro el panorama, vamos a salir adelante” dijo Pedro Sánchez, general en retiro y jefe de la cartera de Defensa. Habla con franqueza sobre la crítica situación de seguridad, la necesidad de recuperar el control territorial, y confirma el uso de glifosato en aspersión terrestre con respaldo del presidente Petro.
En una extensa entrevista con la periodista Patricia Lara, para la Revista Cambio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, abordó sin rodeos los desafíos más apremiantes en materia de seguridad que enfrenta Colombia. Aunque reconoció que la expansión de grupos armados ha sido notoria y que el conflicto ha mutado hacia formas más urbanas y ligadas a economías ilícitas como el narcotráfico, minería ilegal y extorsión digital, afirmó con contundencia que “el país saldrá adelante” y que “la fuerza pública no tiene las manos atadas”.
Uno de los anuncios más relevantes fue la confirmación del uso de glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión terrestre, una medida que cuenta con el respaldo del presidente Gustavo Petro. “Estamos de acuerdo en acabar con el narcotráfico, que es el enfoque más importante”, puntualizó Sánchez.
Seguridad en el territorio y desafíos estructurales
Sánchez, quien asumió el cargo hace tres meses tras retirarse como general de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, planteó una visión integral de la seguridad, donde el componente militar debe ir de la mano con transformaciones sociales profundas. Aseguró que la paz no se construye solo con operativos, sino atacando las raíces del conflicto, como la pobreza, la falta de oportunidades y la cultura de economías ilegales en regiones como el Catatumbo o el Cañón del Micay.
Con respecto a la disidencia del frente 33 de las Farc, anunció la creación de una zona de ubicación temporal en esa región, con duración de siete meses, como parte de una fase de tránsito hacia la paz. Sin embargo, fue claro en que no hay cese al fuego y que la fuerza pública seguirá actuando en legítima defensa y cumpliendo la Constitución.
Balance y autocrítica
El ministro admitió que por cada miembro de un grupo criminal neutralizado, emergen otros dos, y que el reclutamiento de menores y jóvenes se ha disparado. Pese a ello, resaltó que en los últimos tres años han sido neutralizados cerca de 13.000 integrantes de estructuras armadas ilegales.
Sobre la corrupción dentro de la fuerza pública, reveló que han sido desvinculados 226 policías y 48 militares, pero destacó que el 99,9 % de los más de 410.000 efectivos actúan con legalidad. Reconoció que la salida de generales y coroneles expertos en inteligencia afectó la capacidad institucional, pero insistió en que las decisiones buscaban el bien del país.
Extorsión, control territorial y presencia del ELN en Venezuela
Frente al aumento de extorsiones y secuestros, explicó que más del 50 % de estos delitos se cometen mediante medios digitales y desde cárceles, y que se están redoblando esfuerzos en inteligencia artificial, movilidad terrestre y aérea para mejorar la reacción.
Sobre la presencia del ELN en Venezuela, dijo que es “evidente”, pero que ese país “ha hecho esfuerzos” para contenerlos. Sin embargo, aseguró que también en el territorio nacional hay organizaciones armadas disfrutando vehículos robados de la UNP y recursos públicos con complicidad política local.
Defensa de la institucionalidad y mensaje a la ciudadanía
En relación con la polémica excavación en la Escuela Logística del Ejército, reconoció que hubo violación de una medida cautelar de la JEP, aunque defendió que los soldados no sabían que lo hacían. Aseguró que se abrieron investigaciones penales y disciplinarias, y reiteró su respaldo a la búsqueda de desaparecidos.
Finalmente, el ministro hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con información: “El conflicto lo gana quien tiene el apoyo de la población civil”, afirmó. Recalcó que la paz total es una política de Estado que debe mantenerse, y que su gestión estará enfocada en cinco retos: recuperar el control territorial, proteger la soberanía, garantizar elecciones seguras en 2026, fortalecer la transparencia y reconstruir la legitimidad institucional.
“Nos duele el plan sicarial de los delincuentes. No vamos a parar hasta recuperar la seguridad. Pero todo es más fácil si la comunidad nos ayuda”, concluyó.