Escrito por El presidente de Ecopetrol enfrenta una tormenta perfecta de cuestionamientos éticos, judiciales y financieros, mientras crece el desconcierto por la inacción del gobierno frente a su continuidad.
A pesar del creciente número de investigaciones, escándalos y señales de deterioro financiero e institucional, Ricardo Roa Barragán sigue al frente de Ecopetrol. Su permanencia al mando de la principal empresa del país ha generado un amplio debate político, técnico y judicial que ya involucra a la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la junta directiva de la petrolera estatal.
Contrato millonario y espionaje interno
Hay controversia por la firma de un contrato con la empresa estadounidense Covington & Burling LLP, inicialmente por 875.000 dólares, pero que terminó costando casi 6 millones. El contrato incluyó la recolección de información confidencial y presunto espionaje a más de 70 empleados, según denuncias del sindicato USO.
La auditoría interna de Ecopetrol y los testimonios de altos funcionarios como Alberto Vergxara, gerente de cumplimiento, han encendido aún más las alertas sobre el manejo de la empresa. La junta de la petrolera completa ya cuatro sesiones sin que se adopten decisiones definitivas, mientras el presidente Petro ha calificando los hechos de “chistosos” y desestimando las denuncias como una “tramoya mediática”.
El factor político y la sombra de la campaña
Roa no solo fue presidente de la Empresa de Energía de Bogotá durante la alcaldía de Petro, sino que asumió la gerencia de su campaña presidencial en 2022, bajo investigación por presuntas violaciones a los topes electorales.
El caso del apartamento, los vínculos con el fallecido empresario William Vélez, la contratación de su pareja Julián Caicedo Cano –también señalada por posible conflicto de interés– y el abandono de proyectos estratégicos como el acuerdo con Oxy en Texas completan el cuadro de una administración marcada por la desconfianza.