Escrito por “Es una contrarreforma hecha a la medida del empresariado” afirman organizaciones como CUT, CGT, CPC y CDP y advierten que la iniciativa legislativa representa un retroceso en derechos laborales históricos y anuncian movilización para impedir su implementación.
Las principales centrales sindicales del país, agrupadas en el Comando Nacional Unitario (CUT, CGT, CPC y CDP), rechazaron de forma tajante la reforma laboral aprobada en la Comisión IV del Senado, calificándola como una “contrarreforma regresiva” diseñada para beneficiar al sector empresarial y despojar a los trabajadores de conquistas históricas.
En un comunicado conjunto firmado el 1.º de junio de 2025, las organizaciones expresan que no están en contra de una reforma laboral en sí misma, sino que exigen una que recupere derechos perdidos, como los reconocidos en la Ley 50 de 1990 y en la Ley 789 de 2002, y que brinde estabilidad, formalización y protección a sectores vulnerables como jóvenes, mujeres, artistas, trabajadoras domésticas y repartidores.
“El Senado ha aprobado una contrarreforma escrita por y para el poderoso empresariado y gremios económicos. Es una reforma regresiva que desmonta derechos laborales históricamente conseguidos”, advierten los firmantes, entre ellos Fabio Arias Giraldo (CUT), Percy Oyola Paloma (CGT) y César Julio Carrillo Amaya (CPC).
Entre los principales puntos cuestionados por las centrales sindicales están:
Legalización del trabajo por horas, lo cual consideran elimina el acceso al salario mínimo y a la seguridad social, afectando gravemente la estabilidad de millones de trabajadores.
Desconocimiento de la jornada laboral de ocho horas y extensión de la jornada sin reconocimiento de recargos.
Eliminación de derechos como vacaciones, estabilidad laboral reforzada y licencias de paternidad.
Mantenimiento de figuras precarias como los contratos sindicales en salud y la contratación a término fijo y por prestación de servicios, afectando especialmente a trabajadores de sectores como educación, salud y transporte.
Debilitamiento de la inspección laboral y de la función del Ministerio del Trabajo, al trasladar responsabilidades a otras entidades.
Permitir pactos colectivos sin presencia sindical, lo que se considera una amenaza directa a la libertad de asociación.
Las organizaciones sindicales hacen un llamado a la sociedad a movilizarse y advierten que no permitirán que se imponga un modelo laboral “que normaliza la precariedad y legitima la inestabilidad”.
“Lo que debía ser una reforma para el trabajo digno y decente se ha convertido en una afrenta contra los derechos de la clase trabajadora”, concluye el comunicado, que marca una nueva etapa de confrontación entre los sindicatos y el Congreso.