Escrito por Luis Aureliano Araujo, coordinador general del Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (Camawari), junto con sus escoltas, Jesús Alveiro Chaves Quejuan y Yackson Orlando Solarte Chunata, fueron brutalmente asesinados en un ataque perpetrado en el resguardo de Cuaiquer Viejo, Ricaurte, Nariño.
Una nueva tragedia enluta al departamento de Nariño. Luis Aureliano Araujo, quien contaba con esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y sus dos escoltas fueron asesinados por un grupo armado al margen de la ley en hechos ocurridos en zona rural del municipio de Ricaurte, en el suroccidente colombiano.
De acuerdo con los primeros reportes, el ataque armado fue directo y premeditado. Las víctimas fueron bajadas y atacadas con armas de fuego, luego colocaron explosivos al vehículo. Tanto Araujo como sus dos escoltas murieron en el lugar.
El esquema de protección había sido asignado debido al alto nivel de riesgo que enfrentaba Araujo, cuya actividad –aún no precisada por las autoridades– lo convertía en objetivo de estructuras ilegales que operan en esta región fronteriza, golpeada por el conflicto armado, el narcotráfico y el control territorial de diversas disidencias.
Investigación en curso
La Unidad Nacional de Protección condenó el crimen e informó que se ha activado el protocolo de urgencia para el esclarecimiento de los hechos, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. También se solicitó apoyo de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad en la zona.
Este asesinato reaviva la preocupación por la vulnerabilidad de los protegidos y sus escoltas en regiones de alto riesgo, especialmente en el departamento de Nariño, donde la presencia de grupos armados ilegales sigue siendo una amenaza constante para líderes sociales, defensores de derechos humanos y funcionarios públicos.
Hasta el momento, ninguna organización armada se atribuye el ataque.
Clamor por garantías
Organizaciones defensoras de derechos humanos han exigido al gobierno acciones urgentes para reforzar la protección en zonas críticas como Ricaurte, así como una revisión estructural de los esquemas de seguridad asignados por la UNP, cuya eficacia y alcance han sido objeto de cuestionamientos recientes.
Este hecho se suma a la alarmante estadística de asesinatos de personas bajo protección estatal y deja al descubierto la grave crisis de seguridad que enfrentan los territorios.