Escrito por El Ministerio Público solicitó al CNE imponer una multa del 1 % sobre el valor girado por el Estado a la campaña, tras hallarlo responsable por violación de topes y ocultamiento de gastos.
La Procuraduría General de la Nación pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionar al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por su rol como gerente en la campaña presidencial de Gustavo Petro, tras hallarlo responsable de dos graves irregularidades: el sobrepaso de los topes de financiación permitidos en primera vuelta y el ocultamiento de gastos relacionados con la celebración de la victoria. La solicitud incluye también sanciones para la tesorera Lucy Aydee Mogollón Alfonso y los auditores María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus.
El concepto del órgano de control fue remitido al CNE en el marco de una investigación iniciada el 8 de octubre de 2024, en la que también se formularon cargos contra Gustavo Petro como candidato. No obstante, la Corte Constitucional suspendió cualquier efecto del proceso sobre el actual presidente mientras estudia si el CNE tiene competencia para juzgarlo dada su investidura.
La Procuraduría pidió que a Roa y los demás implicados se les imponga una multa equivalente al 1 % del valor desembolsado por el Estado para la financiación de la campaña. También advirtió sobre la necesidad de resolver el recurso de reposición interpuesto por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), al considerar que su no resolución podría viciar el trámite sancionatorio.
Según el ente de control, aunque en los reportes oficiales los gastos de campaña parecen estar dentro de los límites permitidos —$28.334 millones en primera vuelta y $13.199 millones en segunda vuelta—, se identificaron maniobras que alteraron artificialmente esas cifras. Entre ellas, la inclusión en los gastos de segunda vuelta de una factura por $356 millones emitida por Caracol TV correspondiente a publicidad de primera vuelta.
De acuerdo con la Procuraduría, esta maniobra encubrió el hecho de que los gastos de primera vuelta superaron el tope permitido, que era de $28.536 millones. La segunda irregularidad comprobada fue la omisión del valor real del evento de celebración en el Movistar Arena, en Bogotá, tras la primera vuelta. Aunque se reportaron $150 millones, el gasto real fue de $250 millones, de los cuales $100 millones adicionales fueron pagados por la empresa ServiRed S.A.S sin ser declarados al CNE.
Pese a que esta suma adicional no vulneró el tope de gastos de la segunda vuelta, la Procuraduría subrayó que se trató de un acto deliberado de ocultamiento, lo cual constituye una falta sancionable.
El proceso, que también vincula al movimiento Colomia Humana y a la Unión Patriótica, se encuentra en su fase final. Mientras tanto, los recursos presentados por Roa, Soto y la Andje siguen pendientes de resolución.