Escrito por “Uno de cada tres estaría implicado”, advierte la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman en el Consejo de Ministros y anunció investigaciones preliminares en curso.
En una declaración contundente y sin precedentes durante el Consejo de Ministros, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, reveló que al menos uno de cada tres congresistas colombianos tendría vínculos con la ocupación irregular de terrenos baldíos. La denuncia, que se basa en una investigación preliminar solicitada por el presidente Gustavo Petro, ha desatado una nueva polémica en el escenario político nacional.
Durante su intervención, Harman expuso públicamente los nombres de varios legisladores y allegados que estarían implicados en este fenómeno de acumulación de tierras que, por ley, deben destinarse a procesos de reforma agraria y ser adjudicadas a campesinos sin tierra. Entre los señalados se encuentran:
Marcos Daniel Pineda García – Cereté, Córdoba
Liliana Esther Bitar – Ciénega de Oro y San Carlos, Córdoba
Lidio García Turbay – San Juan Nepomuceno, Bolívar
Ana Paola García Soto – Buenavista, Córdoba
Carlos Cuenca Chaux – Puerto Carreño, Vichada
Familiares de Paloma Valencia – Vichada y Tolima
Juan Samy y Habib Merheg – Vichada y Valle del Cauca
Luis Eduardo Díaz Mateus – Cerrito, Santander
“Nosotros hemos revisado de forma clara cuáles son presuntamente los congresistas que acaparan la tierra en Colombia. Hemos encontrado, preliminarmente, que al menos uno de cada tres tiene relación con temas de baldíos, algunos con fallos administrativos en su contra”, afirmó Harman.
El director de la ANT advirtió que esta información ya está siendo trasladada a las autoridades competentes para su evaluación y posibles sanciones. También subrayó que el acceso a la tierra “no puede seguir mediado por el poder político o económico” y que el país necesita avanzar hacia una “justicia agraria” que impida la acumulación indebida de propiedades rurales.
La revelación ha generado un fuerte revuelo político y reacciones inmediatas por parte de sectores del Congreso, mientras algunos de los mencionados ya comienzan a emitir declaraciones públicas negando los señalamientos y exigiendo garantías legales.