Escrito por La decisión responde a una tutela interpuesta por la periodista Andrea Díaz de la BBC, quien investiga abusos sexuales cometidos por autoridades religiosas en Colombia.
La Corte Constitucional le ordenó a la Fiscalía General de la Nación entregar información precisa sobre los procesos penales relacionados con delitos sexuales en los que están involucrados miembros de la Iglesia católica. La decisión se produjo tras una tutela interpuesta por la periodista Andrea Díaz Cardona, de la BBC, quien desde enero de 2024 ha intentado acceder sin éxito a datos detallados para una investigación sobre pederastia en el país.
Díaz Cardona solicitó inicialmente información sobre el número de casos, el perfil de los indiciados y la naturaleza de las víctimas. La Fiscalía reconoció que entre 1992 y 2021 se registraron 86 procesos en los que figuraban como presuntos responsables cardenales, obispos, monseñores, sacerdotes y otros líderes religiosos. Entre 2022 y 2023 se añadieron tres casos más. Sin embargo, al momento de requerir mayor especificidad —como cuántos de esos procesos involucraban a menores de edad o el cargo exacto dentro de la Iglesia de los señalados—, la respuesta oficial fue considerada incompleta e incongruente.
Ante la insuficiencia de la información recibida, la periodista presentó una tutela que llegó a la Corte Constitucional. Con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, la Sala concluyó que la Fiscalía no respondió de manera oportuna ni adecuada, y que, al haber caracterizado previamente los cargos eclesiásticos de los implicados, no podía negarse a detallar esa misma información.
La Corte ordenó responder de forma clara y congruente dos aspectos clave:
1. Cuántos de los procesos se iniciaron contra cada uno de los cargos religiosos (cardenal, monseñor, obispo, religioso, religioso cristiano, religioso evangélico o sacerdote) en los que la víctima fue un menor de edad.
2. Qué rango eclesiástico tenían los indiciados en los tres procesos iniciados entre 2022 y 2023.
La decisión representa un avance en el derecho al acceso a la información pública y en la rendición de cuentas en casos de violencia sexual cometida por figuras de poder, especialmente en instituciones religiosas. También subraya la responsabilidad de las entidades estatales de facilitar investigaciones periodísticas que abordan temas de alto interés social y justicia para las víctimas.