Escrito por El caso, ligado al escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá, deberá ser revisado por la Corte Suprema tras cuestionamientos sobre errores en la imputación y la prescripción de delitos.
La Fiscalía General de la Nación solicitó la preclusión parcial del proceso penal en contra del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por presunto tráfico de influencias, al considerar que uno de los dos hechos imputados ya habría prescrito. El caso, actualmente en manos de la Corte Suprema de Justicia, se relaciona con el nombramiento de la gerente del Hospital de Usme y la supuesta manipulación de un contrato de obra durante su paso por el Concejo de Bogotá en 2008 y 2009.
El ministro fue imputado por tráfico de influencias como una conducta continuada, que integraba dos episodios, gestiones para que Liliana Patricia Paternina fuera nombrada como gerente del hospital, y reuniones con un contratista para supuestamente direccionar un contrato de construcción, con la promesa de una coima del 10 %. Sin embargo, el fiscal delegado ante la Corte aseguró que ambos hechos deben analizarse por separado, pues configuran posibles delitos distintos, el primero sí encajaría en tráfico de influencias, pero el segundo se aproximaría más a figuras como cohecho o interés indebido en la celebración de contratos, delitos que no fueron imputados en su momento.
Ante esto, la Fiscalía solicitó declarar prescrito el primer hecho —el relacionado con el nombramiento de Paternina—, y continuar con la investigación sobre el segundo. La defensa de Sanguino, encabezada por el abogado Andrés Cárdenas Bonilla, fue más allá y pidió la nulidad total del proceso, alegando que la imputación fue mal formulada, los hechos no fueron debidamente detallados, y que incluso el segundo delito también habría prescrito.
Durante la audiencia, el fiscal reconoció que el escrito de acusación elaborado por otra unidad fue deficiente, al no describir con precisión las fechas ni lugares de las reuniones presuntamente delictivas. La Procuraduría respaldó la solicitud de nulidad de la defensa.
Sanguino, que inicialmente no se presentó a la audiencia y fue requerido por la Sala de Primera Instancia, ha reiterado su inocencia. En declaraciones previas, aseguró que nunca hizo parte del “carrusel de la contratación” y que fue uno de sus denunciantes. “Jamás fui relacionado con hechos ilegales. Reitero mi total inocencia”, expresó.
La Corte Suprema de Justicia será ahora la encargada de resolver tanto la solicitud de preclusión parcial de la Fiscalía como la petición de nulidad de la defensa, en un proceso que enfrenta serias críticas por inconsistencias procesales y el paso del tiempo.