Escrito por La reforma resucitada en la Comisión Cuarta del Senado genera fuertes divisiones. Mientras empresarios y congresistas buscan una versión más flexible, el gobierno y centrales obreras denuncian una contrarreforma que traiciona el proyecto original.
La reforma laboral, que fue revivida en la Comisión Cuarta del Senado tras el fracaso de la consulta popular, ha encendido una nueva controversia política y gremial. La más reciente ponencia, construida con apoyo de 14 senadores, ha sido criticada por el gobierno y por sectores del Pacto Histórico, que ya anunciaron que no la respaldarán en el próximo debate legislativo.
La senadora Aída Avella, de esa misma bancada, se apartó del grupo ponente y presentará un texto alternativo, mientras la representante María Fernanda Carrascal denunció que la propuesta mayoritaria elimina conquistas como la ampliación de la licencia de paternidad y la formalización del contrato de aprendizaje para los estudiantes del Sena.
Uno de los puntos más polémicos del nuevo texto es el ajuste en los recargos laborales: establece que el recargo nocturno inicie a las 7 de la noche (actualmente es a las 9) y que el dominical sea del 100 por ciento, mientras que el festivo sería del 75 por ciento. Además, contempla un régimen especial para micro y pequeñas empresas, lo cual ha sido interpretado por sindicatos como una forma de excluir a gran parte de los trabajadores de los nuevos beneficios.
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, señaló que esta ponencia “excluye al 80 por ciento de los trabajadores” y criticó la eliminación de licencias por citas médicas programadas e incapacidades menstruales. También rechazó la posibilidad de contratos a término fijo de hasta cinco años, al considerarlos una amenaza a la estabilidad laboral.
Desde el sector empresarial, aunque hay disposición al diálogo, también persisten preocupaciones. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, propuso un régimen especial para sectores sensibles como el comercio, la hotelería, la vigilancia y los restaurantes. A su vez, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, advirtió que los nuevos costos laborales podrían aumentar en más del 34 por ciento para pequeñas empresas, lo que pondría en riesgo hasta 450.000 empleos, según estudios del Banco de la República y Fedesarrollo.
El Consejo Gremial Nacional reiteró su disposición a construir consensos que permitan una reforma equilibrada, pero alertó que cambios mal planeados afectarían seriamente el empleo formal. En esa línea, Fedeseguridad propuso una implementación gradual de los recargos y ajustes en la jornada nocturna, dadas las condiciones del sector de vigilancia, intensivo en mano de obra.
Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sostuvo que la reforma planteada por el gobierno generaría hasta 100.000 empleos nuevos por año y que sectores como agricultura, comercio e industria serían los más beneficiados. No obstante, el presidente Gustavo Petro descalificó públicamente la ponencia que se radicará este lunes, al calificarla como una “contrarreforma”.
A puertas del tercer debate, el panorama es incierto. El ambiente legislativo se mantiene dividido y sectores sindicales ven cada vez más lejana la posibilidad de aprobar una reforma que rescate derechos laborales. Algunos voceros consideran que, ante la falta de consensos, será necesario regresar a las urnas mediante una nueva consulta popular.