Escrito por El asesinato de dos empleados de la embajada israelí en la capital estadounidense, presuntamente a manos de un activista radicalizado, amenaza con desatar represalias y mayor vigilancia sobre el movimiento propalestino, que insiste en su carácter pacífico.
El movimiento propalestino en Estados Unidos enfrenta su mayor momento de tensión en años, tras el asesinato de dos funcionarios de la embajada de Israel en Washington D. C., ocurrido el miércoles 21 de mayo. El atacante, identificado como Elías Rodríguez, fue detenido mientras gritaba “¡Palestina libre!”, consigna habitual en las manifestaciones en favor de Gaza y en contra de la ocupación israelí.
Aunque los vínculos directos del sospechoso con organizaciones propalestinas siguen sin confirmarse, el crimen ha puesto bajo una luz crítica a todo el movimiento, alimentando acusaciones de radicalización, antisemitismo y potencial violencia política.
Las víctimas fueron Yaron Lischinsky, de 30 años, y Sarah Milgrim, de 26, cuyas muertes no solo han provocado indignación diplomática, sino que también han desencadenado un nuevo ciclo de escrutinio sobre los activistas que apoyan la causa palestina en Estados Unidos.
Organizaciones como el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas y Voz Judía por la Paz condenaron de inmediato el crimen, calificándolo de “inaceptable” y reafirmando su compromiso con la protesta pacífica y la desobediencia civil. “Esta violencia solo socava la búsqueda de justicia”, señaló el consejo en un comunicado.
No obstante, autoridades como Oren Segal, de la Liga Antidifamación, advirtieron que el ecosistema digital de algunas agrupaciones extremistas crea una narrativa de odio que puede inducir actos violentos individuales. “El constante mensaje de que Israel es malvado y quienes lo apoyan también lo son genera un entorno tóxico que no puede ignorarse”, alertó Segal.
El movimiento propalestino en EE. UU., revitalizado tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva militar israelí sobre Gaza, ha oscilado entre el activismo pacífico y las tensiones internas sobre el uso legítimo de la fuerza en territorios ocupados. Mientras grupos como Estudiantes por la Justicia en Palestina promueven estrategias no violentas como el boicot académico y económico, otros colectivos más radicales han expresado simpatía por formas de “resistencia armada”, amparándose en resoluciones de la ONU.
La tragedia en Washington ha puesto en jaque esa ambigüedad. La organización Samidoun, señalada por el Departamento del Tesoro como fachada de recaudación para el Frente Popular para la Liberación de Palestina, insinuó que acciones como las de Rodríguez podrían ser una reacción esperada ante la represión de las protestas pacíficas. Otro grupo, Unity of Fields, llegó a comparar el asesinato con otros actos de violencia política recientes, sugiriendo su justificación.
Esta deriva ha generado alarma tanto entre autoridades como entre líderes universitarios. “Hay una contradicción evidente entre defender la protesta no violenta y, al mismo tiempo, legitimar formas armadas de lucha que en EE. UU. se consideran terrorismo”, señaló una fuente de seguridad.
El impacto también se ha sentido en el ámbito académico, donde el movimiento propalestino ha tenido un fuerte arraigo. Muchos estudiantes y profesores, que han alzado su voz contra las políticas israelíes, temen que la tragedia sea usada para justificar nuevas represalias, restricciones y vigilancia.
El movimiento propalestino insiste, sin embargo, en su diferenciación: “No estamos en contra de los judíos, estamos en contra de una ocupación”, repiten. Pero el asesinato en Washington podría marcar un antes y un después en la percepción pública y la relación del activismo con el poder político y los organismos de seguridad.