Vecinos de Bosques de la Colina II denuncian que un sujeto ingresó al conjunto con un arma blanca y una traumática, asegurando estar en medio de una operación encubierta. A pesar de haber sido capturado por la Policía, el hombre fue dejado en libertad por presentar una condición psiquiátrica, generando alarma en la comunidad.
La tranquilidad del condominio Bosques de la Colina II, ubicado en el sur de Pasto, se vio interrumpida recientemente por un grave incidente que mantiene en alerta a sus residentes. Un hombre, aparentemente alterado, ingresó al conjunto armado con un cuchillo y una pistola traumática, asegurando ser parte de una operación de la DEA y perseguir a un supuesto narcotraficante que se encontraba oculto en el lugar. El hecho generó pánico entre los habitantes, especialmente entre familias con niños y personas mayores.
De inmediato, se dio aviso a las autoridades, y la Policía Metropolitana de Pasto procedió con la captura del sujeto, quien fue puesto a disposición de un juez. Sin embargo, la decisión judicial generó desconcierto: el hombre fue dejado en libertad debido a que presenta una discapacidad mental diagnosticada y una condición psiquiátrica que lo hace inimputable, es decir, no puede ser considerado penalmente responsable por su conducta. Esta resolución legal ha desatado una ola de preocupación entre los vecinos del conjunto.
Algunos residentes han expresado públicamente su preocupación y han exigido a las autoridades judiciales y sanitarias que se tomen medidas concretas para garantizar la seguridad de la comunidad. Solicitan que el hombre reciba atención profesional especializada y sea ubicado en un entorno controlado, donde no represente un riesgo para sí mismo ni para otros. “Aquí viven niños pequeños y adultos mayores. No podemos permitir que alguien con un trastorno mental que ya ha demostrado comportamientos agresivos esté deambulando libremente”, manifestó uno de los líderes del conjunto residencial.
Por ahora, la comunidad permanece en alerta, y se espera que las autoridades competentes evalúen alternativas que permitan atender el caso desde una perspectiva de salud pública, sin dejar de lado la protección de la ciudadanía.