Escrito por Exdirector del Dapre y la DNI es señalado de liderar red de corrupción en la UNGRD para asegurar respaldo legislativo a reformas del gobierno Petro. Habría ordenado la entrega de $70.000 millones en contratos a congresistas. Está fuera del país y se desconoce su paradero.
Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en el escándalo de corrupción que envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En audiencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, González fue acusado formalmente por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
El exfuncionario no aceptó los cargos y calificó las imputaciones como “calumnias sin fundamento”.
Según la Fiscalía, González habría sido uno de los artífices de un esquema que buscaba asegurar el apoyo de congresistas clave a las reformas del gobierno de Gustavo Petro, a través del direccionamiento de millonarios contratos de la UNGRD. La investigación señala que en 2023, González, junto con Olmedo López (entonces director de la entidad), habría gestionado la entrega de $70.000 millones en contratos: $60.000 millones al presidente del Senado, Iván Name, y $10.000 millones al presidente de la Cámara, Andrés Calle.
El fiscal delegado ante la Corte Suprema, Gabriel Sandoval, sostuvo que estos recursos tenían como fin garantizar respaldo legislativo a las iniciativas del Ejecutivo. Para concretar el plan, se habrían entregado $4.000 millones en efectivo a los legisladores, con la participación de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, y de Sandra Ortiz, entonces consejera presidencial para las regiones. Name y Calle, ambos mencionados en la trama, habrían recibido el dinero en Bogotá y Montería, respectivamente.
El caso involucra además el contrato de 40 carrotanques destinados a La Guajira, adjudicado por $46.800 millones, que habría servido para desviar parte de los fondos entregados a los congresistas, mediante sobornos acordados con el contratista Luis Eduardo López. La Fiscalía argumenta que González conocía plenamente el carácter ilegal de los actos y que actuó como determinador de la red corrupta.
González se encuentra actualmente fuera del país y se desconoce su paradero. Por ello, la Fiscalía anticipó que solicitará una medida de aseguramiento en centro carcelario y que podría pedir el apoyo de Interpol. La audiencia de solicitud de medida fue fijada para el próximo 6 de junio a las 9 de la mañana.