Espacio público y sostenibilidad

El espacio público no es solo un lugar de tránsito, es un bien común que expresa el modo en que convivimos, nos movemos y construimos ciudad.

Hoy se libra una disputa que tensiona derechos fundamentales: la movilidad y el trabajo. Superar esta tensión requiere cambiar la narrativa del conflicto por una de colaboración, reconociendo que el espacio público también puede ser una plataforma para la generación de ingresos dignos y sostenibles, especialmente para quienes han sido excluidos del mercado laboral formal.

La presencia de vendedores informales en el espacio público no debe verse únicamente como un problema a erradicar. En realidad, refleja una economía que deja a muchos al margen y que obliga a miles de personas a buscar en la informalidad su único medio de subsistencia. Esta realidad, es necesario re imaginarla, promoviendo una ciudad que facilite la inclusión económica y social.

La clave está en construir un equilibrio entre el derecho al trabajo y el derecho a la movilidad. No se trata de permitir el desorden, sino de fomentar soluciones creativas y concertadas que transformen los espacios públicos en escenarios de productividad, convivencia y dignidad.

Algunas propuestas viables

Mercados regulados e itinerantes, instalados en plazas, parques y plazoletas, con reglas claras que garanticen el orden, la limpieza y el beneficio mutuo.

Zonas específicas para comercio informal, bien ubicadas, seguras y diseñadas para no interferir con la movilidad o el uso recreativo.

Programas de formalización y capacitación, que incluyen registros voluntarios, formación en gestión de negocios, acceso a créditos y rutas hacia la economía formal.

Cooperativas de vendedores, que fortalezcan el trabajo colectivo, optimicen recursos y faciliten la interlocución con las autoridades.

Espacios para el emprendimiento comunitario, con iniciativas culturales, artesanales y sociales que fortalecen la identidad y el tejido social.

La ciudad puede ser un lugar de encuentro, no de exclusión. Integrar el derecho al trabajo en una visión urbana que priorice el bienestar colectivo es una responsabilidad ética y política. No se trata de imponer ni de expulsar, sino de dialogar, concertar y construir colectivamente.

La ciudad gana cuando todos y todas tenemos un lugar digno en ella.