Escrito por Tras el hundimiento de la consulta popular, la reforma laboral del gobierno Petro sin mayoría clara, con la oposición fortalecida y en medio de tensiones políticas, el proyecto debe superar dos debates antes del 20 de junio para no volver a naufragar.
Luego del saboteo de la consulta popular, la reforma laboral volverá a discutirse en el Senado, por una apelación liderada por el senador Fabián Díaz, de la Alianza Verde.
Sin embargo, el panorama para la reforma no es alentador. El proyecto enfrenta una carrera contra el tiempo, apenas tiene 36 días para superar los dos debates restantes —en comisión y en plenaria—, además de sortear el proceso de conciliación. Todo esto deberá completarse antes del 20 de junio, cuando finaliza el periodo legislativo.
Ahora esperan la decisión del presidente del Senado, Efraín Cepeda, sobre a qué comisión será remitido el texto, ya que no podrá regresar a la Comisión VII. Entre las opciones barajadas están la Comisión Primera, donde el Gobierno ha ganado respaldo con recientes cambios en su composición, y la Comisión Tercera, donde ya ha enfrentado derrotas como la caída de la ley de financiamiento.
La situación política tampoco juega a favor del Ejecutivo. La oposición buscará dilatar el trámite. Con calendario en mano, propuso un cronograma que permitiría aprobar la ponencia en comisión antes del 27 de mayo y realizar el cuarto debate antes del 17 de junio, dejando tres días para conciliación. “Muchas leyes complejas se han aprobado en menos tiempo”, afirmó.
Por ahora, la estrategia del Gobierno aún no es del todo clara. Mientras desde el Pacto Histórico se habla de interponer una nueva apelación por la votación de la consulta, los ministros Antonio Sanguino y Armando Benedetti ya manifestaron que concentrarán sus esfuerzos en sacar adelante la reforma laboral, a la que consideran fundamental para cumplir las promesas del “Gobierno del cambio”.
El desenlace de esta historia dependerá no solo del conteo regresivo legislativo, sino también de la capacidad del Ejecutivo para reconstruir consensos, sortear el desgaste político y evitar nuevas divisiones internas. La reforma laboral, más que un texto jurídico, se ha convertido en el símbolo de un Gobierno que aún busca cómo gobernar con minoría.