Aldo Cadena, vicepresidente de la Fiduprevisora

Escándalo en el sistema de salud del magisterio, denuncian pérdidas por $2 billones y falta total de control

Profesores, directivos de Fecode y funcionarios del Gobierno advierten sobre el funcionamiento del nuevo modelo que opera sin vigilancia real; crisis debe servir para mejorar el modelo con carácter urgente.

Debe investigarse la perdida de más de $2 billones en  operación del sistema de salud del magisterio colombiano.

El vicepresidente del Fomag, Aldo Cadena, reconoce la grave situación financiera del sistema. Las declaraciones se dieron durante una reunión del Consejo Directivo del Fomag el pasado 29 de abril, realizada en la sede del Ministerio de Educación, con presencia de los ministros de Educación, Trabajo y Hacienda, además de representantes de Fecode.

Durante la sesión, que se convocó para presentar la nueva red de operadores del sistema, la Fiduprevisora no entregó información clara ni propuestas concretas. La reunión terminó sin avances y, fuera de micrófonos, comenzaron las confesiones. Cadena calificó el sistema como “completamente perverso”, asegurando que no se sabe con certeza el destino de los recursos ni se tiene control sobre los más de 2.300 contratos firmados por la Fiduprevisora, muchos de ellos sin trazabilidad ni vigilancia.

Uno de los datos más alarmantes revelados en la reunión fue que la facturación del sistema se incrementó en un 50% en solo cuatro meses, sin una justificación técnica ni control presupuestal. El ministro de Educación, Daniel Rojas, solicitó de inmediato que se interpusieran las denuncias formales ante los entes de control y exigió un informe escrito con las irregularidades.

“Esto no es un nuevo sistema de salud, es el mismo de siempre, disfrazado, pero mucho más oscuro”, dijeron lideres del magisterio. También señalaron que la Fiduprevisora se ha negado reiteradamente a entregar información solicitada por el Ministerio, profundizando el caos.

La situación ha desnudado un sistema desorganizado, sin vigilancia, con contratos opacos y un manejo de recursos públicos que —según sus propios operadores— no tiene justificación ni control. Para los docentes, el “despelote” es total y la solución, aún, no se vislumbra.

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