Testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla señalan al exfuncionario como autor de las órdenes para el pago de $4.000 millones a los congresistas Iván Name y Andrés Calle a cambio de apoyo a reformas del Gobierno. Su salida del país y supuesta solicitud de asilo encienden las alarmas.
Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), ha pasado a ocupar un lugar central en el mayor escándalo de corrupción que enfrenta el gobierno del presidente Gustavo Petro. Según declaraciones entregadas a la Fiscalía y a la Corte Suprema por los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, González habría sido el artífice en la sombra del supuesto pago de coimas millonarias a los entonces presidentes del Senado y la Cámara: Iván Name y Andrés Calle.
Los testimonios afirman que por orden directa de González se organizó un “cónclave” en la Casa de Nariño en noviembre de 2023, donde se definió la entrega escalonada de $3.000 millones para Name y $1.000 millones para Calle. El objetivo, asegurar respaldo legislativo para las reformas sociales del Gobierno, incluyendo la pensional, que ahora está bajo revisión de la Corte Constitucional.
La Corte Suprema, al ordenar la captura de los dos congresistas, señaló que existían elementos objetivos que demostraban el conocimiento de la procedencia ilícita del dinero, proveniente del presupuesto de la UNGRD. Entre estos, la participación de Name en una reunión organizada por la entonces consejera presidencial Sandra Ortiz, con presencia de Olmedo López, y que, según el propio López, se dio por orden de González.
En su testimonio ante la Corte en mayo de 2024, González reconoció una relación cercana con Iván Name, más allá del ámbito político, mencionando incluso visitas a su residencia. No obstante, afirmó que el vínculo se fracturó con el inicio del actual gobierno y las críticas públicas del congresista al presidente Petro.
Mientras la Fiscalía recopila pruebas documentales, rastros financieros, registros migratorios y grabaciones de seguridad que podrían fortalecer una eventual imputación, González salió del país. Según fuentes cercanas al caso, estaría tramitando asilo político en España, aunque su abogado, Iván Cancino, afirma que se trata de un viaje personal por motivos de descanso.
La salida del exfuncionario se produjo casi en simultáneo con la renuncia de su esposa, Luz Dana Leal, al cargo que ocupaba en el SENA, lo que aumentó las suspicacias sobre su intención de eludir a la justicia. Cancino se ha negado a precisar la ubicación de González y aclaró que hasta ahora no ha sido convocado por ningún órgano judicial.
Aunque formalmente no se ha emitido orden de captura ni imputación en su contra, el nombre de Carlos Ramón González ya aparece vinculado al núcleo del caso UNGRD, con el potencial de convertirse en una figura clave en el eventual desmoronamiento de la red de corrupción que, según López y Pinilla, fue diseñada desde el corazón mismo del poder.
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