Anulan elección de vicepresidentes del Senado

El Consejo de Estado anuló este jueves 8 de mayo la elección de los senadores John Jairo Roldán Avendaño (Partido Liberal) y Josué Alirio Barrera Rodríguez (Centro Democrático) como primer y segundo vicepresidente del Senado, respectivamente, para el periodo legislativo 2024-2025. La decisión fue tomada por la Sección Quinta, que halló graves irregularidades en el cumplimiento de las normas sobre participación de minorías políticas y paridad de género.

Según el fallo, la elección de Roldán como primer vicepresidente vulneró la norma que reserva ese cargo para partidos minoritarios, en tanto el Partido Liberal, con 13 curules en el Senado, es la tercera colectividad con mayor representación. “El Partido Liberal no puede considerarse minoritario”, concluyó la Sala, subrayando que la mesa directiva del Congreso debe reflejar el principio de pluralismo político.

En cuanto a la segunda vicepresidencia, el Consejo de Estado advirtió que la designación de Alirio Barrera incumplió el principio de alternancia de género, el cual obliga a las bancadas de oposición a rotar entre hombres y mujeres en ese cargo durante el cuatrienio. Esta es la tercera vez consecutiva que un senador hombre ocupa esa posición, a pesar de que el Centro Democrático contaba con al menos cuatro senadoras mujeres elegibles. “La alternancia no es una posibilidad, es una obligación legal”, remarcó el tribunal.

La sentencia deja sin efecto el acta de la sesión del 20 de julio de 2024, día en que se eligió la mesa directiva, y ordena al Senado realizar una nueva elección que garantice la representación equitativa y plural.

El fallo no tomó por sorpresa a algunos sectores del Congreso. En su momento, el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) criticó abiertamente la postulación de Barrera, indicando que “le correspondería a una mujer ocupar esa dignidad”. A su vez, Carlos Guevara, del partido MIRA, denunció que no se estaba respetando la participación de las minorías en la mesa directiva.

Con esta decisión, el Consejo de Estado marca un precedente importante sobre el cumplimiento estricto de las normas de equidad y representatividad política, y obliga al Senado a corregir prácticas que han sido reiteradamente cuestionadas.