En un contundente giro frente al proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, revocó los beneficios de suspensión de órdenes de captura otorgados a 31 representantes de este grupo armado. La decisión, oficializada mediante la Resolución No. 00015 de 2025, responde a los graves actos criminales atribuidos al ELN, que han intensificado la crisis humanitaria en la región del Catatumbo desde el 16 de enero.
Las acciones violentas, que incluyen múltiples delitos y amenazas contra la vida e integridad de civiles, líderes sociales, firmantes del acuerdo de paz y sus familias, fueron reconocidas públicamente por líderes del ELN. A través de la red social X, Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias “Antonio García”, y Gregorio Manuel Pérez Martínez, cabecilla del Frente de Guerra Nororiental, admitieron su responsabilidad en las agresiones en declaraciones realizadas entre el 17 y el 19 de enero.
“La comisión de nuevos delitos por parte de miembros del ELN constituye un incumplimiento de las condiciones establecidas para la suspensión de las órdenes de captura”, señaló la fiscal general en la resolución, citando la sentencia C-525 de la Corte Constitucional de noviembre de 2023.
A partir de esta decisión, las órdenes de captura contra destacados miembros del ELN, incluidos Pablo Beltrán, Nicolás Rodríguez Bautista, Antonio García y otros 28 representantes reconocidos previamente por el Gobierno como voceros en la mesa de diálogos, vuelven a estar vigentes.
Además, se notificó la derogación de las resoluciones emitidas entre noviembre de 2022 y agosto de 2023 que habían suspendido estas órdenes. La fiscalía informó de la medida a la Presidencia de la República, al consejero comisionado para la Paz y a las autoridades judiciales competentes para garantizar el cumplimiento de esta disposición.
La violencia en el Catatumbo ha generado una grave crisis humanitaria, con desplazamientos masivos, amenazas y un clima de inseguridad que afecta a miles de personas. Esta situación pone en entredicho la voluntad del ELN de participar de manera genuina en el proceso de paz y representa un obstáculo significativo para avanzar en la búsqueda de una solución negociada al conflicto armado en Colombia.
El Gobierno y las organizaciones sociales han expresado su preocupación por el impacto de esta medida en la continuidad de los diálogos de paz, pero la fiscal general dejó en claro que el respeto a las condiciones legales y humanitarias es un requisito indispensable para cualquier negociación.