Bogotá, 18 de diciembre de 2024. Sandra Ortiz, implicada como “mensajera”, fue enviada a la cárcel tras una audiencia en la que la jueza de control de garantías determinó que representa un peligro para la sociedad y podría manipular las pruebas recolectadas por la Fiscalía General en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Fiscalía ha señalado que Ortiz estuvo en el desvío de millonarios recursos destinados a contratos de gestión del riesgo. Entre las pruebas presentadas se encuentra la eliminación de conversaciones de WhatsApp con Sneyder Pinilla, así como contradicciones en los testimonios de miembros de su esquema de seguridad, quienes inicialmente confirmaron el traslado de dinero en camionetas hacia la residencia del expresidente del Senado, Iván Name, en octubre de 2023.
Según las investigaciones, Ortiz habría coordinado un contrato de 11 mil millones de pesos en el Atlántico para favorecer al senador Iván Name, quien tenía interés directo en el proyecto.
El 25 de septiembre de 2023, en el Palacio de Nariño, Ortiz sostuvo un breve encuentro con el director de la UNGRD, Olmedo López, donde, según la Fiscalía, recibió órdenes del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Ramón González, para gestionar dicho contrato.
Posteriormente, Ortiz organizó una reunión privada en una suite del Hotel Tequendama, en el centro de Bogotá, donde se reunieron López y Name. Según la jueza, ese encuentro fue determinante para consolidar el envío de 3.000 millones de pesos al apartamento del congresista, ubicado cerca del centro comercial Unicentro.
La Fiscalía imputó a Sandra Ortiz los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, destacando su papel en el esquema de corrupción. Su encarcelamiento fue ordenado para garantizar el desarrollo del proceso y evitar la alteración de las pruebas.