La decisión del Congreso de archivar la Ley de Financiamiento propuesta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro no solo representa una derrota política para su administración, sino también un golpe devastador para los sectores más vulnerables de nuestro país. Esta ley, diseñada para recaudar $12 billones, tenía como objetivo financiar proyectos estratégicos que garantizan derechos fundamentales y promueven la equidad en Colombia. Su hundimiento evidencia una desconexión alarmante entre las prioridades de los congresistas y las necesidades urgentes del pueblo colombiano.
Entre los beneficios más destacados se encontraban el fortalecimiento de programas de vivienda, la transición energética, el impulso al turismo y el desarrollo de energías renovables. Además, la Ley de Financiamiento priorizaba la inversión en sectores críticos como salud, educación, agricultura e igualdad, atendiendo el mandato constitucional de dar prioridad al gasto social.
Sectores políticos como Cambio Radical, el Partido Conservador y el Centro Democrático, alegan proteger a los empresarios y ciudadanos de nuevos impuestos, pero en realidad han impedido que millones de colombianos accedan a oportunidades básicas para mejorar su calidad de vida. Esta decisión profundiza la deuda histórica que el Estado tiene con los más desfavorecidos y retrasa los avances hacia la justicia social.
El presidente Petro lo expresó con claridad: "El hundimiento de la ley de financiamiento es un golpe al pueblo colombiano". Las consecuencias son tangibles: programas como la reforma rural integral, la reparación de víctimas, el acceso a la educación gratuita y la implementación de tarifas más justas de energía se verán gravemente afectados. No se trata solo de cifras o tecnicismos presupuestales; estamos hablando de vidas humanas y del futuro de nuestra nación.
Es inaceptable que, mientras el país enfrenta retos fiscales herencia de gobiernos anteriores, las mismas fuerzas políticas que avalaron políticas regresivas en el pasado ahora bloqueen una propuesta que busca redistribuir recursos de manera justa.
Colombia merece un futuro basado en la justicia social, y esa lucha no puede detenerse. La movilización ciudadana será esencial para que los sueños de equidad y paz no sean archivados como esta ley.