Casi dos décadas han pasado desde el día en que un fallo de la corte constitucional decretó la zona de amenaza volcánica alta (ZAVA) para tres municipios aledaños al Volcán Galeras. La decisión administrativa produjo el destierro para miles de personas, pérdida de cultivos agropecuarios, y prohibir la inversión social provocando atraso en el desarrollo infraestructural, vial, educativo y comunitario.
Luego de presentar estudios y nuevos diseños de riesgo, una juez promiscua del Municipio de la Florida, ordenó al gobierno nacional implementar un Plan Integral construido con la comunidad afectada y de esta manera resarcir el daño causado durante tantos años de abandono.
Esta medida juridica, obliga al Director Nacional de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo y su equipo técnico, para que el próximo 19 de noviembre llegué a la capital nariñense y socialicen junto a la comunidad las acciones que harán parte del Plan Integral para la Atención y Prevención de Desastre.
Ante esta situación, se propuso que desde la Presidencia de la República se convoque al Consejo Nacional de Gestión de Riesgo para que se evalúe la derogación del decreto 1406 del 2015 y que a través del artículo 64 de la Ley 1523 permitir el retorno a la normalidad, reconstruir el tejido social, dinamizar la economía, impulsar el turismo y fortalecer la educación y la salud en estos territorios.