En una jornada clave para el Gobierno de Gustavo Petro, la Cámara de Representantes aprobó la reforma laboral que promete recuperar derechos para más de 10 millones de trabajadores en Colombia. Sin embargo, la victoria se tiñó de amargura al eliminarse, en un controversial movimiento liderado por la oposición, el contrato agropecuario que buscaba formalizar a millones de campesinos.
El proyecto, que aún debe ser debatido en el Senado en dos ocasiones, introduce importantes medidas como el aumento de horas con recargo nocturno, el pago del 100% en días festivos y dominicales, una extensión de la licencia de paternidad y la regulación del trabajo en plataformas digitales. También se establece un nuevo contrato laboral para aprendices del SENA y se amplían las licencias para mujeres con ciclos menstruales incapacitantes.
El presidente Petro no ocultó su descontento, afirmando en redes sociales que "entre más se afecte el nivel de vida de los campesinos y jornaleros, más crecerán las economías ilícitas y la violencia". Además, publicó un video de congresistas de la oposición celebrando la eliminación del contrato, cuestionando su rechazo a que los jornaleros ganen un salario mínimo.
La aprobación del proyecto se logró con el apoyo de diversas bancadas, incluidas las del Pacto Histórico, Comunes, representantes de víctimas, y algunos del partido Verde, así como de los partidos Liberal, de la U y Conservador. Este consenso fue posible gracias al trabajo de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y la coordinadora ponente, María Fernanda Carrascal, quienes cedieron en algunos puntos para evitar el hundimiento de la reforma.
La reforma laboral ahora enfrenta el desafío de los debates en el Senado.