En un sorprendente operativo llevado a cabo el miércoles, 7 de agosto, tropas del Ejército Nacional detuvieron una camioneta perteneciente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que formaba parte del esquema de seguridad del alcalde de Tumaco Félix Henao. El vehículo fue interceptado en un retén instalado por la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules en la carretera que conduce de Gualtal al casco urbano de Tumaco.
Durante la inspección, los soldados encontraron en el automotor una pistola y más de 1.000 cartuchos de nueve milímetros. El vehículo era conducido por un escolta del alcalde de Tumaco, acompañado por otro individuo cuya identidad no ha sido revelada. Al ser cuestionados sobre la legalidad del armamento y municiones, ambos no pudieron presentar la documentación requerida, lo que llevó a su detención inmediata.
Los dos hombres detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, enfrentando cargos por el presunto delito de tráfico ilegal de armas de fuego. Según fuentes policiales, uno de los capturados tiene antecedentes judiciales, lo que agrava su situación legal.
El secretario de Gobierno de Nariño, Benildo Estupiñán, indicó que las autoridades departamentales están esperando los resultados de la investigación en curso. Sin embargo, Estupiñán mencionó que existen hipótesis iniciales que sugieren que los escoltas se dirigían a realizar una prueba de polígono, y que el transporte de la munición era supuestamente legal, aunque carecían de la documentación necesaria en el momento del arresto.
Por su parte, la Unidad Nacional de Protección confirmó el operativo en redes sociales, asegurando que tanto el escolta como el vehículo son parte del esquema de protección del alcalde de Tumaco. La UNP reiteró que las autoridades están llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre el incidente.
Cabe destacar que el alcalde de Tumaco no se encontraba en la camioneta al momento del hallazgo. Este incidente ha generado preocupación y debate sobre la seguridad y la transparencia en el manejo de armas y municiones por parte de los cuerpos de seguridad asignados a la protección de funcionarios públicos en una región marcada por el conflicto y la violencia.