18/05/2024

Nariño | Vulnerados derechos educativos de cientos de niños en zonas rurales del departamento

Alrededor de 300 niños, niñas y adolescentes de instituciones educativas en las áreas rurales de Policarpa, Cumbitara, La Unión, La Llanada y El Rosario, en el departamento de Nariño, están viendo vulnerado su derecho fundamental a la educación, según informes de la Defensoría del Pueblo.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, ha revelado que varios análisis realizados por la Defensoría dejan en evidencia el déficit de docentes en estas áreas. Una de las causas principales es la ubicación de los centros educativos en zonas de difícil acceso, así como el persistente desarrollo del conflicto armado en la región.

En Cumbitara, las instituciones educativas Santa Rosa, Pizanda, Sidón y San Pedro enfrentan graves problemas debido a la falta de docentes en varias áreas. En la escuela San Pedro, por ejemplo, tres sedes no han iniciado clases debido a la ausencia de profesores, dejando a 52 niños sin educación. Situaciones similares se presentan en otras sedes de Pizanda y Sidón, afectando a decenas de alumnos.

En La Llanada, la situación es aún más preocupante, con cuatro sedes cerradas de la Institución Técnica Agropecuaria Rodrigo Lara Bonilla, lo que significa que 87 estudiantes se encuentran sin educación.

En La Unión, Policarpa y El Rosario, aunque los menores de edad están recibiendo clases, persiste la escasez de docentes y personal administrativo. En algunas sedes, como en la Institución Educativa Juanambú en La Unión, faltan docentes y personal de apoyo, mientras que en Policarpa, gravemente afectada por el conflicto armado, la situación es aún más crítica.

Los padres de familia han manifestado la necesidad urgente de intervención por parte de las autoridades departamentales para el restablecimiento de las clases presenciales y la garantía del derecho a la educación de los niños en estas áreas rurales de Nariño.

Esta situación evidencia la urgente necesidad de acciones coordinadas por parte de las autoridades locales y departamentales para abordar el déficit de docentes y garantizar el acceso a la educación de calidad para todos los niños y jóvenes en estas comunidades rurales.